In Ecuador, organisations like FECAOL are standing at the frontlines of a battle between peasant communities and multinational agribusinesses.
In Ecuador, organisations like FECAOL are standing at the frontlines of a battle between peasant communities and multinational agribusinesses.
The Nicaraguan goverment under Ortega and Murillo has revoked the legal status of several civil society organisations.#AlertaUrgente NICARAGUA/ GOBIERNO CANCELA PERSONERÍA JURÍDICA DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS Esta mañana, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado de manera arbitraria la personería jurídica del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (CENIDH) y “Hagamos Democracia”, organizaciones con una larga y reconocida trayectoria de trabajo, 30 y 23 años respectivamente, por los derechos humanos en el país. Ya ayer había hecho lo mismo con el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (ieepp). Estos hechos tienen su antecedente en la cancelación de la personería jurídica del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) el pasado 29 de noviembre. La acción contra el CENIDH viene precedida de la denegación el pasado lunes de un permiso para llevar a cabo una marcha por el 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de una reiterada y sistemática campaña de ataques y criminalización contra una de sus voces mas representativas, la defensora Vilma Núñez. Es importante destacar la labor fundamental del CENIDH en el monitoreo y denuncia de las múltiples violaciones a derechos humanos producidas desde el inicio de la crisis socio-política que vive el país desde el pasado mes de abril, período durante el cual esta organización ha registrado más de dos mil denuncias. Desde la IM-Defensoras condenamos estos actos arbitrarios que vulneran la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos de los y las nicaragüenses y suponen dejar en en situación de indefensión a la población que se beneficia del trabajo de estas organizaciones. Exigimos el cese inmediato de la campaña de persecución y represión contra organizaciones feministas y de derechos humanos y movimientos sociales en Nicaragua, en lo que interpretamos como una nueva fase en la deriva autoritaria del Gobierno orientada a desarticular a la sociedad civil organizada para la defensa de los derechos humanos.
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